1. Mejora del tratamiento fiscal de la rehabilitación para fomentar la creación de empleo. Se reduce el IVA durante dos años a todas las obras de rehabilitación de viviendas, aplicándoles el tipo de IVA reducido. Además, se instrumentará una nueva deducción extraordinaria en el IRPF del 10% de los costes de las obras de rehabilitación de viviendas a aquellos contribuyentes con renta inferior a 33.007,2 euros, con límite de 12.000 euros por vivienda.
2. Plan 2000-E de obras de rehabilitación y eficiencia energética en las Administraciones Públicas impulsando la creación de empleo. Se contratará a empresas de servicios energéticos en 2000 edificios públicos (1000 de la Administración General del Estado y 1000 de CC.AA y Entidades Locales) con el objetivo de ahorrar como mínimo el 20% de su consumo energético.
3. Préstamos directos del ICO a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Concesión directa a través del ICO de créditos a empresas por un importe máximo de 200.000 euros y con cobertura del 100% del riesgo. Serán comercializados por una entidad financiera de ámbito nacional, seleccionada mediante concurso.
4. Elevación de los topes de riesgo que asume el ICO en las líneas de mediación. Hasta los niveles medios de riesgo de las entidades de crédito para el colectivo de referencia.
5. Apoyo a la financiación de pequeñas y medianas empresas y autónomos, a través de Sociedades de Garantía Recíproca. Se mejora la capacidad de financiar a PYMES y autónomos, a través de Sociedades de Garantía Recíproca. Además, el ICO podrá trabajar con estas sociedades para que las operaciones inferiores a 600.000 euros, cuenten con un aval del 100% de la operación.
6. Reducción de la morosidad. Establecimiento de plazos máximo de pago para las nuevas facturas, de 30 días para los pagos de las administraciones públicas, y de 60 días en el caso de pagos de grandes empresas a PYMES y a trabajadores autónomos.
7. Acelerar el proceso de reestructuración del sistema financiero.
8. Plan de colaboración público-privada en el sector de infraestructuras de transporte. Se licitará en 2010-2011 y dará prioridad a las infraestructuras ferroviarias.
9. Reducción del gasto público estatal. Reducción de los cargos directivos de la Administración General del Estado. Reducción del número de miembros de cargos directivos de las empresas y del número de miembros de sus consejos de administración.
10. Compromiso del Gobierno de que las nuevas actuaciones de gasto resulten neutrales en términos presupuestarios.
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